Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Fiscalía revela posibles irregularidades en los documentos de Laura Sarabia para su posesión como canciller de Colombia, generando dudas sobre su legitimidad.

El 12 de mayo de 2025, una inspección rutinaria de la Fiscalía en la Casa de Nariño desató un escándalo que podría sacudir los cimientos del gobierno colombiano. Durante la revisión de los documentos presentados por Laura Sarabia para su nombramiento como canciller, se detectaron inconsistencias significativas que ponen en entredicho la validez de su designación.

Laura Sarabia, quien hasta hace poco era celebrada como una figura ascendente en la política colombiana, se encuentra ahora en el ojo del huracán. La Fiscalía, liderada por un equipo de investigadores rigurosos, ha puesto bajo la lupa no solo su reciente nombramiento sino también su pasado administrativo y financiero, revelando investigaciones por delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fue el primero en notar que el cargo de "jefe de Gabinete", que Sarabia afirmó haber ocupado entre agosto de 2022 y junio de 2023, no existía legalmente durante ese periodo. El cargo había sido reemplazado por "jefatura de Despacho Presidencial" desde diciembre de 2022, según el decreto 2647 firmado por Mauricio Lizcano, exdirector del Dapre. Este detalle, que podría parecer menor, tiene profundas implicaciones legales y administrativas.

Este caso no solo plantea preguntas sobre la transparencia y la legalidad en los más altos niveles del gobierno, sino que también subraya la importancia de la rigurosidad y claridad en los procesos de nombramiento. La situación de Sarabia podría afectar su capacidad para servir eficazmente como canciller, dado que cualquier acto administrativo firmado bajo un cargo posiblemente inexistente podría ser cuestionado o declarado nulo. Este escándalo resalta la necesidad crítica de adherirse a los procedimientos establecidos para preservar la integridad de la función pública en Colombia.