Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

¡Se acabó el paseo! En Colombia, deudas por manutención te pueden dejar varado en el país. Los jueces impiden la salida a quienes no pagan la cuota alimentaria de sus hijos. ¡Entérate!

La pesadilla de muchos padres irresponsables es ahora una realidad: la imposibilidad de abandonar el territorio nacional por deudas de alimentos. Desde hace años, el marco legal colombiano protege el derecho fundamental a la alimentación de menores y otras personas a cargo. Este derecho se ha fortalecido con leyes como el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Con estas herramientas legales, los jueces pueden decretar medidas cautelares para garantizar el pago de las pensiones alimenticias.

Entre los casos más sonados está el de Jair Alfonso Forero Mayorga, a quien un juzgado de Yopal le prohibió salir del país por incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija. Aunque se le permitió un viaje temporal a Brasil, este estuvo condicionado al cumplimiento estricto de sus obligaciones. Similarmente, Ferney Efrén Murcia Miranda, con una deuda que supera los 60 millones de pesos, enfrenta la misma restricción por falta de voluntad para pagar. Estos casos son solo la punta del iceberg de una problemática creciente.

El procedimiento es relativamente simple: una vez se demuestra la mora en el pago de la pensión alimenticia y se evidencia el riesgo de fuga del deudor, el juez puede ordenar la prohibición de salida. Esta medida se basa en la Ley 2097 de 2021 que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), agravando las consecuencias del incumplimiento. La prohibición se levanta cuando se regulariza la deuda o se garantiza el pago futuro. Casos documentados en Bogotá y otras jurisdicciones confirman la aplicación frecuente de esta medida.

La prohibición de salida del país por deudas de alimentos es una medida drástica pero necesaria para proteger los derechos de los niños. Sin embargo, genera un debate sobre el equilibrio entre la protección de los menores y los derechos del deudor. Mientras algunos la ven como una herramienta eficaz para garantizar el sustento de los niños, otros la consideran una medida excesiva que puede afectar la vida laboral y personal de los deudores. La falta de responsabilidad paternal o materna, en muchos casos, es la raíz del problema, llevando a que muchos padres se vean limitados en sus actividades.