Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Millonaria bonanza para funcionarios públicos. Aumento del 7% con retroactivo genera debate sobre el impacto fiscal.

El Gobierno nacional, en un movimiento que ha generado revuelo en todo el país, anunció un jugoso aumento salarial para más de 1.25 millones de servidores públicos. La medida, oficializada mediante 26 decretos firmados por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y el director encargado de Función Pública, implica un incremento del 7% en los sueldos, con un retroactivo que alcanza el 1 de enero de 2025. Este ajuste salarial beneficiará a empleados de diversos sectores, desde educadores indígenas hasta miembros de la fuerza pública.

La decisión, producto de las negociaciones en la Mesa del Sector Público, involucra a Germán Ávila (Hacienda), Antonio Sanguino (Función Pública) y el mismo presidente Petro. Aunque no se han divulgado declaraciones directas de estos personajes, fuentes cercanas al gobierno aseguran que la medida busca mejorar las condiciones laborales y cumplir con los compromisos adquiridos. El impacto, sin embargo, promete ser monumental para las arcas nacionales.

El aumento, que incluye un 5,2% por inflación y un adicional del 1,8%, se aplicará a empleados nacionales y territoriales, incluyendo las ramas Judicial y Legislativa, las fuerzas militares, la Policía y contratistas por prestación de servicios (OPS). Aunque la retroactividad no se aplica para todos los contratistas. Este incremento implica una inversión de $2,1 billones en 2025 y otros $2,3 billones en 2026, sumando un total de $4,4 billones en dos años, un monto que se agrega a los $32 billones ya destinados a la nómina pública.

Este monumental gasto estatal genera preocupación entre analistas económicos. Mientras el gobierno destaca el impacto social positivo en la mejora de las condiciones de vida de los funcionarios, se teme que el considerable gasto pueda afectar otros rubros esenciales y desestabilizar la economía nacional. La sostenibilidad fiscal se presenta como un desafío crucial para la administración Petro, ante el impacto de tan generoso aumento. El debate público sobre la gestión presupuestal del gobierno se intensificará en los próximos meses.