Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Presidente Petro calificó de hipócrita el perdón a San José de Apartadó por la ausencia del Estado en su conjunto. Exige el arrepentimiento de militares, Congreso y justicia por décadas de violencia.

En una emotiva, pero polémica ceremonia en Apartadó, Antioquia, el presidente Gustavo Petro ofreció disculpas a la comunidad de San José de Apartadó por décadas de violencia estatal. Sin embargo, el mandatario calificó el acto como “hipócrita”, argumentando que la falta de un arrepentimiento colectivo por parte del Estado colombiano lo invalida. El evento, centrado en la reparación de las más de 300 víctimas directas de la violencia sistemática entre 1997 y 2007, se vio ensombrecido por las fuertes críticas del presidente.

Petro responsabilizó directamente a la cúpula militar, al Congreso y a la rama judicial por su inacción y complicidad en los crímenes. “Es el Estado el que tiene que cambiar y ese Estado debe pedir perdón, todo el Estado”, declaró Petro, exigiendo a la comunidad que convoque a estas instituciones para un perdón genuino. Citó el reciente asesinato de una joven pareja tras su visita a la zona como prueba de la persistencia de la impunidad. "¿Dónde está la investigación?", cuestionó con vehemencia.

El evento se caracterizó por un ambiente de tensión. El presidente denunció la falta de avances en los procesos judiciales, a pesar de las numerosas violaciones de derechos humanos. Señaló directamente al general Rito Alejo del Río, preguntando por su silencio y si alguna vez ha rendido cuentas por su rol en el conflicto. La ausencia de altos funcionarios del Estado en la ceremonia reforzó la crítica de Petro a la falta de compromiso verdadero con la reparación de las víctimas.

La crisis de credibilidad en el Estado colombiano se profundiza. Las declaraciones de Petro exponen las grietas de un sistema judicial e institucional incapaces de garantizar justicia para las víctimas de décadas de violencia. La falta de independencia de poderes, la impunidad persistente y la ausencia de un arrepentimiento colectivo generan dudas sobre la capacidad del país para superar su pasado violento. La pregunta que persiste es si las palabras del presidente se traducirán en acciones concretas por parte de todo el Estado o si quedarán solo como un gesto simbólico fallido.