Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

¡Alerta roja en Colombia! Ocho partidos políticos denuncian que el presidente Petro planea un golpe de Estado al intentar imponer una consulta popular mediante decreto, ignorando al Senado. La oposición clama por la defensa de la democracia.

La tensión política en Colombia escaló a niveles críticos este lunes. Ocho partidos de oposición y centro, unidos en un comunicado conjunto, acusan al presidente Gustavo Petro de intentar un golpe de Estado al pretender convocar una consulta popular a través de un decreto presidencial, sin la autorización del Senado. Esta acción, según los firmantes, representa una flagrante violación a la Constitución y un atropello a las instituciones democráticas. El comunicado, cargado de acusaciones y advertencias, ha generado un terremoto político en el país.


Los líderes de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y Partido ASI, calificaron la iniciativa de Petro como un acto inconstitucional y una amenaza al orden democrático. En el comunicado, se insta a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría y la Contraloría a actuar con firmeza para frenar lo que consideran un grave atentado contra el Estado de Derecho. Se enfatizó la necesidad de mantener la separación de poderes, pilar fundamental de la democracia colombiana.


Según el comunicado, el Gobierno estaría utilizando causas sociales para justificar sus acciones, presionando y desprestigiando al Congreso después de que este rechazara la propuesta de la consulta popular. Se acusa a Petro de instrumentalizar el descontento social con fines puramente políticos, buscando concentrar todo el poder en sus manos. La situación se tensa aún más con la advertencia a las autoridades electorales de no dar validez a la consulta si no cumple con los requisitos legales.

La reacción de la oposición es contundente y unificada. La acusación de "golpe de Estado" contra Petro refleja la gravedad de la situación y la profunda crisis política que atraviesa Colombia. El futuro del país depende ahora de la respuesta de las instituciones y la capacidad de la sociedad civil para defender el orden constitucional. La polarización crece y la defensa de la democracia se ha convertido en un campo de batalla.