Por: karol Yulieth Lopéz león

Gobierno Petro desafía al Senado y anuncia decreto para consulta popular a pesar de su rechazo, generando una crisis institucional inminente. El presidente insiste en la reforma laboral, a pesar de la oposición.

El pasado 14 de mayo, el Senado rechazó la propuesta de consulta popular del gobierno Petro por un estrecho margen de dos votos. Sin embargo, el Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro, alegando irregularidades en la votación senatorial, ha decidido avanzar con un decreto para forzar la consulta. Este decreto, según anunció el ministro del Interior Armando Benedetti el 3 de junio, ya está listo para su publicación inminente. La decisión ha generado un terremoto político, con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, amenazando con acciones legales.

El ministro Benedetti justificó la decisión del gobierno argumentando presuntas irregularidades en el procedimiento del Senado durante la votación del 14 de mayo, basándose en el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992. Aseguró que estas irregularidades invalidan la decisión del Senado. Mientras tanto, una relatoría de la Corte Constitucional, aunque no vinculante, indica que el Ejecutivo necesita la aprobación del Senado para convocar una consulta popular.

Las declaraciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtiendo acciones legales inmediatas si el decreto se promulga, elevan la tensión. El debate se centra en la reforma laboral, particularmente en el controvertido artículo 37 sobre el trabajo por horas, que ha generado fuertes críticas de centrales obreras por considerarlo una precarización laboral. El Gobierno insiste en que la consulta popular es vital para obtener legitimidad popular para su reforma.

La decisión del gobierno de Petro representa una escalada en el conflicto Ejecutivo-Legislativo. El recurso al decreto presidencial, sin la aprobación senatorial, desafía el orden constitucional y podría derivar en un litigio en la Corte Constitucional, con consecuencias impredecibles para la estabilidad institucional del país. La incertidumbre es máxima: el futuro de la reforma laboral, y el equilibrio de poderes en Colombia, penden de un hilo.