Por: Katherine Cruz

El Concejo de Neiva anulará la prueba de elección del Contralor municipal (2026-2029) tras detectarse graves irregularidades que ponen en jaque la transparencia del proceso. Una nueva evaluación busca restaurar la confianza.

Durante la sesión plenaria del sábado 11 de octubre de 2025, el Concejo Municipal de Neiva anunció una medida drástica para salvaguardar la legitimidad de sus procesos. Ordenará el saneamiento administrativo del concurso para elegir al Contralor Municipal 2026-2029, tras la revelación de serias irregularidades en la prueba de conocimiento. Esta decisión sacude el panorama político local y subraya la preocupación por la transparencia institucional.

Juan Carlos Parada Moreno, presidente del Concejo, fue quien anunció la contundente decisión de retrotraer el proceso hasta la etapa de citación. La Mesa Directiva, ante la magnitud de los hechos, ha optado por repetir la prueba bajo condiciones reforzadas para garantizar mérito e igualdad. La Universidad del Tolima, entidad a cargo del concurso técnico, admitió que, pese a sus protocolos, ocurrieron incidentes ajenos a su control que socavan la confianza pública.

La jornada de evaluación del 5 de octubre se vio empañada por un cúmulo de incidentes sin precedentes. La intervención del Procurador Regional del Huila ante los aspirantes y la toma no autorizada de una fotografía de un cuadernillo, que interrumpió el examen por media hora, sembraron el caos. El ingreso tardío de participantes y la confusión generada, fueron puntos clave reconocidos por la Universidad del Tolima en su comunicación oficial del 9 de octubre, según el asesor jurídico Nicolás Gutiérrez Quintero.

En respuesta a este panorama, el Concejo de Neiva emitió la Resolución No. 0122 del 10 de octubre, modificando el cronograma original y programando la nueva prueba para el domingo 19 de octubre. Esta medida busca no solo corregir fallos administrativos, sino enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a las irregularidades en procesos públicos. Sin embargo, la ciudadanía y los órganos de control como la Procuraduría deben mantener una vigilancia férrea para garantizar un proceso ejemplar y recuperar la confianza ciudadana.