Por: karol Yulieth Lopéz león

Cuarenta años después del horror del Palacio de Justicia, Colombia se estremece: exhumaciones masivas revelan que muchas familias enterraron a extraños. Una revictimización desgarradora que reabre viejas heridas.

El 6 de noviembre de 1985, mientras el país se desangraba por el narcoterrorismo, la guerra entre el Estado y las guerrillas escaló al corazón de Colombia: el Palacio de Justicia. Durante 28 horas de terror, la sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado fue reducida a escombros por violentos combates e incendios. Cuatro décadas después, la justicia sigue sin establecer la verdad completa, pero sus últimos movimientos han desenterrado una tragedia aún más profunda y escalofriante.

La zozobra, antes concentrada en las familias de los doce "desaparecidos históricos", se ha multiplicado por decenas. Ahora, la Fiscalía ha confirmado que, para muchos deudos, la certeza de haber sepultado a sus seres queridos en 1985 era una ilusión. Los restos de Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Gloria Anzola de Lanao y Cristina Guarín fueron entregados a los suyos, tras varios años de búsqueda en los que padres, madres y hermanos murieron esperándolos. Su calvario, al menos, ha encontrado un cierre parcial.

Sin embargo, la otra cara de la moneda ha sido devastadora: decenas de familias descubrieron que las tumbas de sus "muertos" eran ajenas. En una serie de exhumaciones entre 2015 y 2018, la Fiscalía reveló irregularidades macabras. Por ejemplo, en la tumba de la auxiliar Libia Rincón Mora estaban los restos de Luz Mary Portela, mientras que el sepulcro del magistrado auxiliar Julio César Andrade albergaba los de Héctor Jaime Beltrán. Aún más estremecedor, los huesos de Cristina Guarín fueron identificados en la tumba de la abogada Marina Isabel Ferrer, donde solo estaban los pies de esta última, confirmando una mezcla espeluznante de identidades que se repitió una y otra vez. Agentes de seguridad enterrados con guerrilleros, magistrados con auxiliares, y cuerpos de distinto sexo fueron entregados, revelando una negligencia incomprensible en el manejo de los cuerpos.

La toma y retoma del Palacio de Justicia, lejos de ser un capítulo cerrado, sigue siendo una herida abierta que se infecta con cada nueva revelación. La identificación de restos erróneos no solo subraya la incapacidad de la justicia colombiana para esclarecer lo ocurrido hace casi 40 años, sino que también representa una revictimización brutal para quienes ya habían sufrido lo indecible. Es un recordatorio doloroso de un Estado que falló en proteger a sus ciudadanos y, posteriormente, en honrar su memoria con dignidad. Las cinco mujeres que, como se menciona, convirtieron su dolor en resistencia, siguen interpelando a una sociedad que aún busca la verdad en el eco de aquellos 28 horas de horror.