Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desestimó la tutela de los excomandantes de las FARC, dejando intacto el juicio por secuestros. Se mantienen las imputaciones por crímenes de lesa humanidad.

La JEP, en una decisión que remece al país, ha declarado improcedente la tutela interpuesta por el antiguo secretariado de las FARC contra el juicio por secuestros que se les sigue en el caso 01. Esta decisión, tomada por la Sección de Revisión, significa que el proceso judicial continúa su curso, dejando a los exjefes guerrilleros a la expectativa de una posible condena. El tribunal argumentó que la etapa procesal actual se encuentra antes de la sentencia, por lo que aún existen mecanismos para resolver cualquier controversia. Este caso ha generado un gran revuelo debido a la magnitud de los crímenes imputados.

Entre los involucrados se encuentran figuras clave de la extinta guerrilla, como Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda. La JEP los imputó a finales de enero de 2021 por crímenes de lesa humanidad y guerra, incluyendo secuestros. La JEP ha declarado que “privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra”. Las víctimas esperan justicia y reparación por los años de sufrimiento.

Los hechos abarcan una amplia gama de delitos, desde homicidio y tortura hasta tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. La JEP ha recogido testimonios escalofriantes de víctimas, incluyendo menores de edad y mujeres, que detallan la brutalidad de los secuestros. Estos relatos han sido cruciales para sustentar las imputaciones y fortalecer la acusación contra los excomandantes de las FARC. La contundencia de las pruebas ha llevado a la JEP a rechazar la tutela y seguir adelante con el proceso.

La decisión de la JEP marca un hito en el camino hacia la justicia transicional en Colombia. Si bien las reglas de procedimiento de la JEP buscan la verdad y el reconocimiento de responsabilidad, la negativa a la tutela de los exjefes de las FARC deja claro el compromiso del tribunal con el debido proceso y la sanción de los responsables de crímenes tan graves. La sentencia, en caso de condena, podría significar penas de hasta 20 años de prisión para quienes no reconozcan su culpabilidad, un precedente que podría influir en otros casos de la JEP y en el proceso de paz en general.