Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de incertidumbre, la familia de Lyan José Hortúa, de 11 años, pagó el rescate para su liberación, siguiendo el consejo de funcionarios del Estado, ante la inacción gubernamental.

El 4 de mayo, Lyan fue secuestrado por individuos que, según informes, pertenecen a disidencias de las FARC. Su tío, un médico local, reveló que funcionarios del Estado les aconsejaron negociar directamente con los captores debido a la falta de avances en su rescate. Esta situación llevó a la familia a tomar la difícil decisión de pagar por la liberación del menor, sumiéndolos en deudas.

“Nos sentimos abandonados. No somos delincuentes, somos una familia trabajadora”, expresó el tío de Lyan durante una entrevista. Fue una prima del niño quien, mostrando gran valentía, logró establecer contacto con los secuestradores y cerrar el acuerdo para su liberación.

Lyan fue entregado en una zona rural a unos campesinos, quienes a su vez lo trasladaron a la Defensoría del Pueblo. Durante este periodo, la familia criticó duramente la falta de apoyo gubernamental y la aparente indiferencia del presidente Petro, quien solo reaccionó públicamente 18 días después del secuestro.

Este caso ha resaltado la problemática de seguridad en la región y la percepción de una falta de capacidad o voluntad del Estado para proteger a sus ciudadanos, especialmente a los niños. La familia de Lyan, ahora endeudada y desilusionada, concluye que su rescate fue un esfuerzo solitario: “Lo rescatamos nosotros, no el Estado”. Este incidente podría tener repercusiones duraderas en la confianza pública hacia las autoridades y en la política de seguridad del país.