Por: Miguel Angel Trujillo

Exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias tras entregar millonaria suma al exsenador Iván Name en el escándalo de la Ungrd. El caso involucra a exfuncionarios y congresistas.

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La acusación la involucra en delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, un golpe contundente a la ya deteriorada imagen de la institución. Se espera que este caso revele la magnitud completa de la red de corrupción.

Ortiz, según la investigación, habría entregado la exorbitante suma de 3.000 millones de pesos en efectivo al exsenador Iván Name, actualmente preso en La Picota. El exsenador Name, ya acusado por cohecho y peculado junto al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, se suma a la larga lista de involucrados en este entramado de corrupción. La exconsejera, en declaraciones a la prensa, ha declarado temer por su vida y ha insinuado la existencia de presiones para silenciarla.


La Fiscalía reconstruyó los hechos ocurridos en octubre de 2023, donde Ortiz habría recibido maletas con dinero de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd. Utilizando vehículos oficiales, trasladó este dinero, supuestamente proveniente del desvío de fondos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira. Este desvío de recursos públicos causó indignación nacional y ha intensificado la presión sobre las autoridades para que se investigue a fondo.


El principio de oportunidad otorgado a López, a cambio de su colaboración con la justicia, promete revelar detalles impactantes sobre la red de corrupción. La declaración de López podría implicar a más de 20 personas, incluyendo congresistas, exministros y otros altos funcionarios. Se espera que este testimonio desvele la compleja red de complicidades y el alcance total de la corrupción en la Ungrd.


Este caso expone la fragilidad de los controles internos en entidades gubernamentales y la facilidad con la que se pueden desviar fondos públicos. Las consecuencias podrían ser devastadoras para la credibilidad del gobierno y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Se espera que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente este escándalo y llevar a los culpables ante la justicia.