Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Corte Constitucional aceptó una explosiva demanda que busca reformar la justicia agraria, vital para miles de campesinos. La decisión podría redefinir el acceso a la tierra y el futuro del Acuerdo de Paz.

En un giro trascendental para la justicia rural colombiana, la Corte Constitucional admitió en octubre de 2025 una demanda que pone en el ojo del huracán el Decreto Ley 902 de 2017. Esta normativa, pilar del Procedimiento Único para procesos agrarios, es acusada de entorpecer la tan esperada Reforma Rural Integral. La acción judicial busca una revisión urgente de cómo se administran los conflictos de tierras en el país.

La demanda fue interpuesta por Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien sostiene que la actual configuración judicial vulnera derechos fundamentales. "No podemos permitir que el futuro de miles de familias rurales siga empantanado en un sistema que no responde a sus necesidades", habría declarado Harman, enfatizando la urgencia de la situación. Ahora, la Corte Constitucional tiene en sus manos el destino de la justicia para los campesinos y comunidades rurales, principales afectados por la lentitud en el acceso a la tierra.

El meollo del conflicto radica en la fase judicial actual, que asigna los complejos procesos agrarios a jueces civiles. Según los demandantes, esta situación es una clara violación del principio del "juez natural", diseñado para garantizar una justicia especializada. Esta falta de idoneidad, argumentan, ha frenado de manera alarmante la implementación efectiva de la Reforma Rural Integral, eje central del Acuerdo de Paz. La demanda pide condicionar la constitucionalidad del decreto para agilizar los trámites.

Esta acción legal de la ANT subraya la imperiosa necesidad de activar de una vez por todas la Jurisdicción Agraria, una deuda histórica con el campo colombiano. La decisión de la Corte Constitucional será crucial, no solo para definir quién tiene la potestad de resolver estos conflictos mientras se crea dicha jurisdicción, sino para desatorar el acceso a la tierra que esperan miles de familias. El destino de la Reforma Rural Integral y la promesa de paz en Colombia penden de un hilo en los estrados de Bogotá.