Por: Katherine Cruz

El rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, denunció que el Ministro de Educación ingresó al campus pese a una orden de desalojo por amenaza. Un choque de poderes que pone en jaque la autonomía universitaria.

El pasado viernes 10 de octubre, la Universidad Nacional sede Bogotá vivió momentos de tensión tras una orden de desalojo total del campus debido a una grave amenaza a la seguridad. La medida preventiva, coordinada por la Rectoría y la Vicerrectoría, buscaba salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria. Sin embargo, lo que debió ser un protocolo de seguridad se convirtió en un inaudito incidente de confrontación institucional.

En medio de la emergencia, el rector Leopoldo Múnera alzó su voz para denunciar un hecho “inaceptable”: el ingreso del Ministro de Educación al campus, desafiando explícitamente la orden de evacuación. Múnera calificó la acción del funcionario como un “desconocimiento flagrante de la autonomía universitaria”, un pilar fundamental de la institución. Este pronunciamiento enciende las alarmas sobre el respeto a las decisiones internas de la alma máter.

El Comunicado Conjunto N. 05, emitido el 10 de octubre de 2025, explicó que la decisión de desalojo se tomó tras la circulación de una “amenaza específica” en redes sociales contra la seguridad del campus. La universidad actuó con celeridad, notificando a la Secretaría de Gobierno del Distrito, Seguridad y la Defensoría del Pueblo para coordinar la verificación del riesgo. Adicionalmente, se reveló que un acto cultural del 1 de octubre, autorizado previamente, había sido notificado para suspensión o modificación en aras de la seguridad, vinculando la movilización estudiantil a la tensa jornada.

En suma, este episodio de alerta y desalojo, desencadenado por una amenaza explícita, subraya la delicada balanza entre la libertad de expresión y la seguridad institucional. La Universidad Nacional, a través de su rectoría, defendió la legalidad del acto cultural original del 1 de octubre, pero priorizó categóricamente la integridad de su comunidad. El comunicado del 10 de octubre enfatiza la naturaleza preventiva de la medida y la coordinación con las autoridades, dejando claro que el riesgo real de la amenaza aún se confirma bajo investigación.