Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El reciente aumento salarial a empleados públicos eleva el sueldo de congresistas a más de $52 millones, generando controversia.

Un acuerdo laboral firmado el pasado 30 de abril entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales ha resultado en un aumento del 7% para todos los servidores públicos. Este ajuste, que parece justo para muchos trabajadores del estado, ha tenido el efecto colateral de incrementar los ingresos de los miembros del Congreso de 48 a más de 52 millones de pesos mensuales. Este aumento se aplica automáticamente, siguiendo la normativa que regula los salarios de los altos funcionarios del Estado.

La noticia ha provocado una ola de críticas en las redes sociales y entre algunos funcionarios. Gustavo Bolívar, exsenador, expresó su indignación destacando la ironía de que los congresistas reciban un aumento mientras algunos se oponen a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores más vulnerables. María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, también comentó que el incremento es "un chiste que se cuenta solo", reflejando una desconexión con la realidad económica que enfrenta la mayoría de los colombianos.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para los congresistas, sino una consecuencia de cómo está estructurado el sistema salarial estatal. Cualquier mejora acordada para el grueso de los trabajadores se refleja también en los salarios de los funcionarios de más alto rango, incluyendo a los congresistas, quienes no participaron en la negociación pero se benefician igualmente del ajuste.

Este suceso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de remuneración pública. A pesar de las propuestas legislativas para limitar el salario de los congresistas, como la del senador Iván Cepeda que busca establecer un tope de 20 salarios mínimos, estas iniciativas no avanzan. Mientras tanto, los congresistas continúan recibiendo aumentos automáticos cada año, ampliando la brecha entre ellos y los ciudadanos que representan. Este sistema perpetúa un ciclo de descontento y cuestiona la equidad en la distribución de los recursos estatales.