Por: Miguel Angel Trujillo

El Tribunal de Cundinamarca admitió una explosiva demanda contra el MinEducación y el Servicio Geológico Colombiano por presunto uso político de sus redes oficiales. La Fundación FedeColombia acusa a estas entidades de difundir mensajes pro-Gobierno, en un caso que promete sacudir al país.

En un giro que captura la atención nacional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado luz verde al estudio de una demanda de gran calado en 2025. Esta acción legal pone en tela de juicio el manejo de la comunicación estatal en Colombia. La controversia se centra en la supuesta utilización indebida de las plataformas digitales del Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano. Se alega que estas entidades habrían difundido contenidos en favor de la administración actual, trascendiendo sus funciones institucionales.

La Fundación FedeColombia es la voz detrás de esta acusación, señalando que ambas instituciones replicaron mensajes clave del presidente Gustavo Petro. Dichos pronunciamientos incluían temas tan sensibles como la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y las supuestas irregularidades dentro de la Nueva EPS. Ante la creciente polémica, el propio presidente Petro no tardó en reaccionar con una contundente declaración: “Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”.

La demanda subraya que estas publicaciones representan un uso indebido de la publicidad oficial, una práctica expresamente prohibida por el Estatuto Anticorrupción en Colombia. La estrategia de las entidades, según la acusación, habría consistido en amplificar la narrativa gubernamental a través de cuentas institucionales. Esto desdibuja la línea entre la información pública y la propaganda política. Este hecho abre un importante debate sobre la neutralidad de las instituciones del Estado y el alcance de su comunicación en la era digital.

La admisión de esta demanda por parte del Tribunal de Cundinamarca marca un precedente significativo, pudiendo sentar las bases para una reevaluación de las directrices en el uso de las redes sociales por parte de entidades estatales. Las posibles consecuencias para el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano podrían variar desde sanciones administrativas hasta la necesidad de establecer protocolos más estrictos. Este caso no solo desafía la ética en la comunicación oficial, sino que también pone a prueba los límites de la libertad de expresión gubernamental frente a la prohibición de proselitismo.