Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha presentado su renuncia irrevocable, denunciando injerencias externas en su gestión.

La noticia de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha sacudido el panorama político nacional. A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, Buitrago anunció que dejará su cargo a partir del 1 de junio, alegando una serie de interferencias en la administración de justicia que han marcado su decisión de renunciar.

En su comunicado, Buitrago expresó su descontento y preocupación por los recientes intentos de injerencia en las decisiones del ministerio. “Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, afirmó la ministra, subrayando su compromiso con la independencia de su gestión.

Los intentos de interferencia descritos por Buitrago parecen haber sido el detonante de su decisión. La ministra detalló que en las últimas semanas se han intensificado las presiones sobre su cartera, lo que ha complicado la ejecución de sus responsabilidades y comprometido sus principios de transparencia y equidad.

Este incidente plantea serias preguntas sobre la influencia de terceros en el gobierno y sus posibles repercusiones en la administración de justicia del país. La renuncia de Buitrago no solo deja un vacío en una posición clave, sino que también pone en evidencia las tensiones dentro del gobierno y podría tener implicaciones significativas para la estabilidad política y la percepción pública de la administración actual.