Por: Miguel Angel Trujillo

Jueza colombiana Sandra Heredia, tras condenar a Álvaro Uribe, recibe amenazas de muerte. Fasol pide a la CIDH medidas cautelares urgentes para protegerla.

El escándalo sacude a Colombia. La jueza 44 Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, enfrenta una ola de amenazas tras condenar a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno. La sentencia, dictada el 1 de agosto de 2025, desató la furia de sectores afines al exmandatario. Esta situación ha generado una crisis institucional y preocupación internacional.

El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) ha presentado una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se otorguen medidas cautelares a la jueza Heredia. Fasol argumenta que las amenazas, que incluyen intimidaciones directas y una campaña de desprestigio en redes sociales, ponen en grave peligro la vida de la jueza y su familia. Se señala directamente a Uribe, a sus allegados, e incluso a un representante de un gobierno extranjero, que la calificó de "jueza radical".

Las declaraciones del expresidente Uribe y sus colaboradores han intensificado la presión sobre la jueza. Algunos analistas interpretan estas acciones como una clara estrategia de intimidación para intentar socavar la independencia judicial. La gravedad de las amenazas ha obligado a Fasol a solicitar la intervención internacional inmediata. La jueza se encuentra actualmente bajo protección policial, pero se considera insuficiente.

La situación expone la fragilidad del estado de derecho en Colombia y las consecuencias que pueden enfrentar los jueces que toman decisiones impopulares. El fallo contra Uribe, un político con gran influencia, ha puesto de manifiesto las presiones que soportan los operadores de justicia en el país. El caso amenaza con generar inestabilidad política y judicial si la CIDH no responde con celeridad y eficacia. La protección de la jueza Heredia es crucial para garantizar la independencia judicial y el imperio de la ley.